[Síguenos ahora también en WhatsApp. Da clic aquí] El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta (Morena), expuso que tras rendir protesta en su cargo, propondrá implementar la castración química como medida contra agresores sexuales en el estado.
Afirmó que con ello, que busca responder a las demandas de justicia para víctimas, en particular mujeres y niños.
“Voy a proponer desde Puebla la castración sexual contra los delincuentes sexuales (…) me van a llamar la atención pero lo vamos a hacer a nivel local“.
Dijo que esta propuesta no implica métodos físicos de castración, sino una reducción de los impulsos sexuales a través de tratamientos químicos.
Foto: Archivo
“No es sacar el machete, porque algunos creen que la castración es sacar la guadaña (…) entonces, la libido disminuye y el estímulo sexual disminuye “, expuso.
Indicó que tomará esta medida porque a pesar de que las personas agresoras pasan por “un proceso de incorporación social, sus impulsos sexuales no se limitan y pueden volver a cometer el delito sexual“, opinó en conferencia de prensa donde presentó al gabinete que lo acompañará desde enero.
Armenta recordó que esta medida ya fue una de sus propuestas anteriores como senador, surgida en respuesta a las solicitudes de grupos de mujeres y madres de personas agraviadas por este delito.
Mencionó que las madres de víctimas le han dicho que lo que “sucedió a sus hijas” no corresponde con las penas que ofrecen las legislaciones para los agresores.
“Las madres de familia que han sufrido violación de sus hijos (…) deberían hacerles lo que les hacen en los países orientales, que los cuelgan de ahí”, expresó y dijo que su propuesta no prosperó en el Senado, porque fue señalado por defensores de derechos humanos.
“Dijeron que estábamos violando los derechos humanos de los delincuentes, entonces es una dicotomía entre lo que hay que hacer, pero yo sí estoy a favor de la castración sin machete”.
Por último, el gobernador electo reconoció la controversia que podría suscitar la propuesta, en especial en cuanto a los derechos humanos de los delincuentes, aunque defendió la medida como un recurso efectivo para reducir los riesgos de reincidencia.
