El reciente fallecimiento de al menos 13 niñas y niños en hospitales del Estado de México debido a una infección bacteriana, contraída en los propios nosocomios, nos obliga a reflexionar sobre las deficiencias en el sistema de salud y de la política social en general en nuestro país, a fin de que algo así no vuelva a ocurrir, pero sobre todo, para lograr que, en lo general, en México se garantice de manera apropiada el derecho a la supervivencia de las niñas y los niños.
Para poner en contextos estas defunciones, es preciso decir que, según el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, presentado en septiembre de 2024, la tasa de mortalidad infantil en México ha mostrado retrocesos preocupantes en los últimos años. En 2019, la tasa fue de 13.9 defunciones por cada mil nacidos vivos; en 2020, descendió a 10.5; en 2021, a 10.2; pero en 2022 aumentó a 12.2 y en 2023 a 13.6.
Por su parte, siguen registrándose todos los años altas tasas de mortalidad en menores de cinco años, entre las que se encuentran de manera destacada, dado que son muertes en exceso evitables, las defunciones producidas por enfermedades respiratorias agudas, por enfermedades diarreicas y por deficiencias nutricionales. Estas condiciones están estrechamente relacionadas con factores como el acceso limitado a servicios de salud de calidad, condiciones de vida inadecuadas, así como por la persistente pobreza, condición en la cual, la niñez mexicana es el grupo que presenta los más altos indicadores.
Todo ello abona a la gravedad de lo que ocurrió en el Estado de México, pues refleja desde fallas en los protocolos de control de infecciones, higiene hospitalaria y calidad de la atención médica, hasta cuestiones relativas a la pobreza, desigualdad y precariedad en que viven las niñas y niños pues no se garantiza ni el interés superior de la niñez ni su derecho de prioridad.
Desde esta perspectiva, no basta con que se lleve a cabo un análisis y diagnóstico situacional del Sector Salud mexiquense, sino que en realidad debería analizarse con amplitud el conjunto de toda la política social para tener claridad sobre los determinantes sociales que están provocando enfermedad y muerte en la niñez.
En ese sentido debe considerarse en primer lugar a la pobreza, la cual afecta profundamente el acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento y alimentación adecuada, todos factores esenciales para prevenir enfermedades y garantizar un desarrollo saludable.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2022 el 44% de las niñas y niños menores de cinco años vivían en condiciones de pobreza en todo el país, con un 8% en pobreza extrema. Estas cifras están directamente correlacionadas con mayores tasas de desnutrición y enfermedades prevenibles, tal como se ha documentado profusamente por el PUED-UNAM a través del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, en sus diferentes ediciones.
En segundo lugar, se encuentra el deficiente y desigual acceso a servicios de salud, producto sobre todo de disparidades y desigualdades socioeconómicas, como la inseguridad social en que viven millones de familias mexicanas. A ello se suman disparidades regionales en la distribución de servicios de salud de calidad, lo cual cobra dimensiones críticas en zonas rurales e indígenas, pues allí los hospitales y clínicas suelen carecer de personal capacitado, equipos adecuados y medicamentos esenciales.
En efecto, de acuerdo con el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, los estados con mayor rezago en infraestructura de salud presentan tasas de mortalidad infantil significativamente más altas. Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran los índices más elevados. Y de igual manera, al interior de los estados, las zonas con mayor marginación y rezago social, así como con mayor pobreza, registran igualmente mucho mayores tasas de morbilidad y mortalidad en niñas y niños.
México se caracteriza también por tener precarias condiciones de vivienda y saneamiento. En ese ámbito, la falta de agua potable y de saneamiento adecuado aumenta el riesgo de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y exposición a agentes contaminantes que provocan enfermedades infecciosas, las cuales siguen siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre las infancias de menor edad. Por ello es relevante destacar que, según datos del INEGI (2023), el 9% de los hogares rurales no tiene acceso a agua potable, y el 15% carece de servicios básicos de saneamiento.
El hambre y la malnutrición es otro de los factores que en mayor medida contribuyen a generar condiciones críticas para las infancias mexicanas. De esta forma, la desnutrición es una de las causas prevenibles que urge erradicar con la mayor celeridad. Su persistencia incrementa la vulnerabilidad de las niñas y niños a enfermedades comunes, como diarreas y neumonías, que son las principales causas de muerte en este grupo etario. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 reportó que el 12% de los menores de cinco años en México presentan desnutrición crónica, con tasas más altas en comunidades indígenas y rurales.
De acuerdo con el INEGI, las principales causas de mortalidad en menores de cinco años en México están relacionadas con factores y enfermedades prevenibles, lo que subraya la influencia de reducir y modificar radicalmente las tendencias de los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo:
En 2023, las infecciones respiratorias agudas representaron el 15% de las muertes en menores de cinco años (INEGI, 2024). A estas defunciones se vinculan factores como: Viviendas con humo de leña, baja cobertura de vacunación, y retraso en la atención médica por falta de acceso o recursos.
Por su parte, respecto de las enfermedades diarreicas el INEGI estima que contribuyen con el alrededor del 8% de las muertes en menores de cinco años en 2023. Estas defunciones se relacionan con el consumo de agua contaminada, malas condiciones de saneamiento y alimentación inadecuada o insuficiente.
Por su parte, las deficiencias nutricionales estuvieron involucradas en el 6% de las muertes en menores de cinco años en 2023. Y están determinadas en su mayoría por la falta de acceso a alimentos de calidad y a la prevalencia de condiciones de pobreza extrema.
Estos y otros datos obligan a insistir en la urgencia de construir un país que tenga la capacidad de garantizar integralmente los derechos de la niñez; porque se trata de un mandato ético irrenunciable; y porque, además, se encuentra estipulado en nuestra Carta Magna como uno de los ejes de articulación de todas las coordenadas del Estado Social de Derecho.
Investigador del PUED-UNAM
